Comisión de Derechos Humanos de Nayarit investiga presunta discriminación hacia mujer indígena

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de Nayarit, por medio de su Presidente el Mtro. Huicot Rivas Álvarez, dio a conocer, que se radico de manera oficiosa el expediente de queja número DH/223/2017, por actos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en agravio de la ciudadana Ignacia López.

La mujer, quien es originaria del poblado del Ciruelo, Municipio Del Nayar, Nayarit, fue víctima de una Negativa del Servicio Público en Materia de Salud y Discriminación, por parte del Director y Personal Médico de la Unidad de Salud de Ruiz, Nayarit, dependiente de los Servicios de Salud del Estado.

Los hechos que impulsaron al Ombudsman a ordenar la investigación, derivan de las notas periodísticas publicadas en diversos medios electrónicos, de las que se desprende una desatención a sus obligaciones y deberes por parte del personal médico de la unidad o clínica aludida, quienes dejaron de brindar la asistencia médica a la señora Ignacia López, cuando requeriría con urgencia a un especialista para atender el trabajo de parto que presentaba, ello fue así, pues al presentarse ante la "Unidad de Salud" el personal adscrito simplemente le negó el acceso, ante tal situación y con la esperanza de que reconsideraran su negativa.

La paciente permaneció a las afueras del nosocomio a bordo de la caja de una camioneta tipo Pick Up, por un lapso igual o mayor a dos horas, es decir, sin que durante ese tiempo se le estuviera monitoreando su estado de salud y la del producto de la concepción, lo cual pudo haber sido la causa que originó, de forma posterior, la muerte del bebé.

Del mismo modo, la investigación ordenada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es tendiente a conocer el motivo por el cual el personal médico dejó de ordenar o referir a la paciente a otro nosocomio; conocer las causas por las cuales se dejó de ordenar el traslado de la paciente en ambulancia; de acreditarse esas omisiones, es claro, que resultaría responsabilidad no solo administrativa del personal médico sino hasta penal, por las graves consecuencias de dichos actos indebidos.

 

Lo que se mencionó por parte del Presidente del Organismo Autónomo, es que se realizaran todas y cada una de las diligencias que resulten necesarias para conocer la verdad sobre los actos presuntamente violatorios de derechos humanos denunciados, y en su momento, de ser procedente pugnara para que sean sancionados los servidores públicos que pudieron incurrir en este tipo de omisiones, las cuales no sólo afectan a la persona involucrada, sino a la sociedad entera, quien tiene el derecho a recibir una atención médica oportuna, de calidad, profesional, éticamente responsable y libre de todo actos de discriminación o desigual en cumplimiento a lo establecido por los artículos 1º y 4º Constitucionales.